– La autoridad judicial reclasificó la imputación inicial de homicidio calificado en grado de tentativa; permanecerá en prisión preventiva justificada
Cajeme, Sonora, 9 de septiembre de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Édgar Jovani “N” por los delitos de lesiones y amenazas, cometidos en perjuicio de Roberto Guadalupe “N”, tras una agresión registrada el pasado 9 de junio en Cajeme.
De acuerdo con los datos de prueba presentados por la representación social, alrededor de las 14:00 horas del 9 de junio de 2026, Édgar Jovani “N” habría acudido a un domicilio ubicado en la colonia Real de Sevilla, donde sorprendió a la víctima y la agredió utilizando un arma de fuego corta.
La investigación establece que el imputado habría golpeado a Roberto Guadalupe “N” en el rostro con dicha arma, provocando que cayera desorientado, para posteriormente continuar la agresión física con los puños; la agresión no derivó en la pérdida de la vida de la víctima debido a circunstancias ajenas a la voluntad del imputado, entre ellas la reacción defensiva del afectado, quien habría forcejeado con su agresor, la intervención de una tercera persona y la atención médica recibida de manera oportuna.
El juez determinó que permanezca vigente la medida cautelar de prisión preventiva justificada y estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria, cuyo término vencerá el próximo 4 de noviembre de 2026, periodo durante el cual la Fiscalía continuará con los actos de investigación correspondientes.
Durante la continuación de la audiencia inicial, celebrada con motivo de una orden de aprehensión ejecutada, el Juez determinó reclasificar la imputación original de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, en grado de tentativa, por los delitos de lesiones y amenazas.
La FGJES reitera que la vinculación a proceso constituye una resolución judicial dentro de una investigación penal y que el imputado debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia firme que determine su responsabilidad penal, en estricto apego al debido proceso y a los derechos de todas las partes.