Habitantes de Pueblo Viejo solicitan la intervención del INPI y Bienestar para aclarar el manejo y aplicación de los recursos
Por Fabián Pérez
HUATABAMPO, SONORA.- Habitantes de la comunidad de Pueblo Viejo solicitaron la intervención de autoridades federales ante lo que calificaron como una serie de anomalías y falta de coordinación en la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (Faispiam).
Durante una reunión comunitaria, los inconformes expusieron diferencias relacionadas con la integración y funcionamiento del comité encargado de participar en las decisiones del programa. Señalaron directamente a la tesorera, Alejandra Moroyoqui Aquino, a quien acusaron de no mantener una coordinación adecuada con los integrantes del Comité Faispiam.
Ante esta situación, los habitantes plantearon que representantes del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y de la Secretaría de Bienestar acudan directamente a las comunidades para conocer la problemática, escuchar a las partes involucradas y establecer mecanismos que permitan destrabar el conflicto.
Los vecinos advirtieron que, de no recibir una respuesta de las autoridades federales, podrían realizar movilizaciones como medida de presión, entre ellas la toma de la carretera Las Milpas-El Júpare.
Asimismo, manifestaron que el problema no sería exclusivo de Pueblo Viejo, pues aseguraron que situaciones similares se estarían registrando en otras comunidades de la región, entre ellas Riíto, Mazaray, La China y La Sábila.
En sus señalamientos, los habitantes mencionaron también al gobernador tradicional Gilberto García Bacasegua, a quien atribuyeron respaldo hacia la tesorera. Estas afirmaciones fueron planteadas por los inconformes durante la reunión, quienes demandaron que las autoridades correspondientes revisen la situación y determinen lo que proceda.
Los pobladores consideraron que cualquier diferencia relacionada con el Faispiam debe resolverse bajo principios de transparencia, participación comunitaria y respeto a los mecanismos de organización de los pueblos originarios.
Recordaron que el programa representa una oportunidad para atender necesidades históricas de infraestructura en las comunidades yoremes, por lo que expresaron preocupación de que los desacuerdos internos puedan retrasar o afectar la ejecución de las obras contempladas.
“Debe existir coordinación entre todos los involucrados y, principalmente, transparencia en el manejo y aplicación de los recursos”, expresaron los habitantes de Pueblo Viejo.
Por ello, solicitaron la presencia de Carlos Corral Alday, del INPI, y Octavio Almada, de Bienestar, para que conozcan personalmente la situación que se vive en las comunidades. También cuestionaron la actuación de la representación de Bienestar en el sur de Sonora, encabezada, según señalaron, por Raquel Almada.
Los habitantes insistieron en que su principal petición es que se establezca una mesa de diálogo con la participación de las autoridades federales y representantes comunitarios, con el propósito de aclarar las diferencias y garantizar que los recursos destinados a las comunidades sean ejercidos conforme a los objetivos del programa.