CDMX.- “Por primera vez, regresan recursos al erario”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al informar que México recuperó los primeros 5.8 millones de dólares por el caso García Luna, a partir del juicio civil que inició México en Estados Unidos desde 2019.
“Hoy tiene sus primeros resultados. Son alrededor de 100 millones de pesos que van a ser dedicados a las zonas de más necesidad en el país: escuelas en La Montaña de Guerrero.”
La primera mandataria explicó que la estimación del gobierno mexicano por ilícitos cometidos entre 2012 y 2018 es de 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares.
Recordó que Genaro García Luna cuenta con orden de aprehensión en México; está preso en Estados Unidos y recibió sentencia por cargos relacionados con delincuencia organizada y narcotráfico.
Luego de ejercer como secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, se dedicó a realizar negocios ilegales en el país vecino.
Mencionó que nuestro país vivió el aumento de violencia durante ese periodo a raíz de la guerra contra el narco, que se generó cuando el Estado mexicano tomó partido por un grupo delictivo con la justificación de pacificar el país.
“En el periodo de Calderón, México pasa de 27 homicidios diarios a más de 70; ese es el resultado de la guerra: más violencia. Además de desigualdades, se generan y se fortalecen los grupos delictivos. Ninguna guerra te lleva a la paz; la paz se construye con justicia.”
Al encabezar el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), destacó que combatir el lavado de dinero es tarea fundamental para la disminución de delitos, por lo que el gobierno federal ha reforzado la dependencia con personal y equipo.
Además, la UIF se coordina con la Fiscalía General de la República (FGR), fiscalías estatales y con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para combatir a la delincuencia organizada, de cuello blanco o actividades relacionadas con corrupción.
El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, detalló que la familia Weinberg desempeñó un rol fundamental en la estructura corporativa vinculada con García Luna y la red de empresas fachada que se beneficiaron con 30 contratos gubernamentales a sobreprecios a cambio de remuneraciones económicas y otras prerrogativas.
Simularon sobornos como pago comercial ordinario, así como la materialidad de los contratos, y maximizaron el volumen de recursos públicos que podían extraerse.
Los recursos se dispersaron a través de Barbados hacia otras jurisdicciones, como Miami, a través de sociedades y cuentas relacionadas con García Luna. De este modo se identificó el desvío de 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares.
Tras la demanda civil, el pasado 25 de agosto el Estado mexicano recibió 5.8 millones de dólares por la recuperación de una póliza de fianza y la liquidación de 12 propiedades ubicadas en Florida, vinculadas con la familia Weinberg. Estos recursos fueron ingresados a la Tesorería de la Federación y está pendiente la liquidación de otros activos.
Como parte de las acciones de la UIF, el gobierno federal ha inmovilizado 24 mil 622 cuentas por ocho mil 670 millones de pesos; siete mil 861 corresponden a integrantes de organizaciones criminales con más presencia en el país, es decir, una de cada tres.
Asimismo, desde el inicio de la Estrategia Nacional contra la Corrupción, la UIF ha bloqueado mil 443 cuentas relacionadas con este delito; representa 5.9 por ciento del total.