Durante una inspección efectuada a las instalaciones para vender combustibles a los yates que atracan en la “Marina Real”, en San Carlos Nuevo Guaymas, inspectores documentan que no exhibió autorizaciones de impacto ambiental
Redacción/COSA JUZGADA SONORA
HERMOSILLO, Son.- La Semarnat, a través de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, clausuró una Estación de Petrolíferos que operaba la “Marina Real”, en San Carlos Nuevo Guaymas.
Una sentencia dictada por la Juez Tercero de Distrito dentro del expediente número 750/2026 el 31 de agosto del 2026 el tribunal federal revela el Acta Circunstanciada de Inspección ejecutada por los inspectores de la Semarnat el 16 de abril de este año donde se detallan los motivos de la clausura.
El documento, firmado por el inspector federal Héctor Ricardo Martínez Velázquez de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos de la Semarnat, detalló que la empresa fue clausurada por no presentar las autorizaciones de impacto ambiental que establece la ley.
“Se hace constar que el visitado no exhibe original o copia certificada del resolutivo (procedente) o autorización en materia de impacto ambiental vigente y procedente que ampare las instalaciones relacionadas por el Expendio al Público de Petrolíferos mediante Estación de Servicio…”, precisa el Dictamen.
El local se ubica, precisa el documento, en la Calle Marina del Rey, local 3, Fraccionamiento Marina Real, en Guaymas, Sonora, y está a nombre de Octavio Enrique Llano Alverde.
Ante esta falta de los requisitos establecidos en materia ambiental la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) resolvió, según el dictamen, aplicar el “Principio de Precaución de Derecho Ambiental”.
“La Profepa debe aplicarlo en el procedimiento de denuncia popular, en caso de que se advierta peligro de daño grave o irreversible…se determina la imposición de la medida de seguridad consistente en la Clausura Temporal de las instalaciones”, concluye la revisión de Profepa, dependiente de la Semarnat.
Derivado de esta clausura establecen que Octavio Llano Alverde, en su calidad de propietario deberá presentar ante la Dirección General de Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial, original y copia certificada de la autorización en materia de impacto ambiental vigente y actualizada que expida la autoridad competente.
SOLICITA AMPARO
Inconforme con la decisión, el 8 de mayo de este mismo año, los abogados de Llano Alverde solicitaron un amparo alegando que se violaron principios constitucionales debido a que no se ejecutó un procedimiento de clausura de manera adecuada.
En la demanda de amparo la empresa consideró que se violaron sus principios luego de que no le dieron respuesta a escritos presentados el 22 y 24 de abril del 2026.
En ellos cuestionó el procedimiento de verificación.
Sin embargo, al revisar el “Acta Circunstanciada de Inspección” la Jueza Tercera de Distrito Irma Socorro Gómez Chávez, las desechó.
“…La ejecución de la visita de inspección, según se advierte del acta circunstanciada, se agotó el mismo 16 de abril del 2026 en que fue llevada a cabo”, advirtió la juzgadora en su sentencia.
Por ello, consideró, agotado el propósito de la visita, desaparece la posibilidad de restituir el derecho sustantivo violado, dado que su objeto y afectación ya habría sido consumado de manera instantánea, es decir, en su completitud.
“En tales condiciones, tal aspecto conlleva determinar actualizada la causa de improcedencia…”, sostuvo en su fallo.
Aclaró que eso no implica dejar en estado de indefensión a la persona visitada toda vez que la misma podrá, una vez que se dicte la resolución definitiva en el procedimiento administrativo seguido en su contra, hacer valer las irregularidades que considera en sus conceptos de violación que se actualizaron.
Ante todos estos elementos la juzgadora determinó desechar la petición de amparo.
INTERPONE APELACIÓN
Inconforme con esta determinación la empresa afectada solicitó una revisión del amparo el 17 de septiembre de este año.
El caso fue entonces canalizado al Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, en donde se abrió el expediente número 761/2026 el 29 de octubre de este año.