La familia afectada denunció presuntas irregularidades en el procedimiento judicial y aseguró que no recibió notificación previa del desalojo. La diligencia se realizó con presencia de elementos de la fuerza pública, mientras vecinos manifestaron su inconformidad y los afectados enfrentan la incertidumbre de no contar con un lugar donde refugiarse
Por Fabián Pérez
HUATABAMPO, Sonora.— Después de 21 años de habitar una vivienda en el fraccionamiento Las Palmas, en Huatabampo una familia fue desalojada mediante una diligencia en la que participaron elementos de la fuerza pública, una actuaria y un abogado, situación que generó momentos de tensión, reclamos de los vecinos y la desesperación de los afectados, quienes aseguran haber sido víctimas de un procedimiento irregular.
Karla Dinhora Sarmiento Ruiz, integrante de la familia afectada, denunció entre lágrimas lo que consideró una acción injusta y cuestionó la manera en que se llevó a cabo el desalojo, al señalar que sus familiares no habrían recibido ninguna notificación previa sobre el proceso judicial que derivó en la pérdida de la vivienda que ocuparon durante más de dos décadas.
De acuerdo con el testimonio de los afectados, la familia tuvo un plazo de apenas cinco días para prepararse ante la ejecución del desalojo, un periodo que consideraron insuficiente para resolver su situación y encontrar un sitio al cual trasladarse con sus pertenencias.
La diligencia se desarrolló en medio de un ambiente de inconformidad. Durante el operativo, vecinos de la colonia expresaron su rechazo a la actuación de los representantes legales y lanzaron consignas contra el abogado presente, por lo que el momento estuvo cerca de salirse de control.
Disputa por la propiedad
En el centro de la controversia se encuentra María Isabel Mendívil Gutiérrez, quien reclama la propiedad del inmueble, pese a que, según la versión difundida sobre el caso, habría recibido dinero hace 21 años en relación con la vivienda.
Sin embargo, familiares de María Isabel sostienen que la cantidad entregada en aquel momento fue insuficiente, argumento que forma parte de la disputa por la posesión y propiedad del inmueble.
Hasta el momento, no se cuenta con información suficiente sobre los documentos que respaldan las distintas versiones, los términos del acuerdo original ni los detalles de la resolución judicial que permitió ejecutar el desalojo. Por ello, será necesario conocer los antecedentes legales para establecer con claridad cómo se originó el conflicto y cuáles son los derechos que corresponden a cada una de las partes.
Familia queda en la incertidumbre
Más allá de la controversia legal, la principal preocupación de los afectados es su situación inmediata, ya que aseguran no tener un lugar donde refugiarse después de abandonar la vivienda en la que permanecieron durante 21 años.
La familia cuestionó que se haya procedido con el desalojo sin que, según su versión, hubiera recibido una notificación previa que le permitiera conocer oportunamente el proceso y prepararse para enfrentar sus consecuencias.
El caso provocó muestras de solidaridad entre algunos vecinos, quienes manifestaron su inconformidad ante la situación que atraviesa la familia y la falta de una alternativa habitacional inmediata.
La controversia deja sobre la mesa la necesidad de esclarecer los antecedentes de la propiedad, revisar las condiciones en que se desarrolló el procedimiento y conocer la postura de las autoridades y de la contraparte involucrada.