La empresa concesionaria que pretendía construir una planta desaladora en Guaymas solicita se declare desierto un recurso presentado por la dependencia estatal contra el laudo emitido por el Centro de Arbitraje de México (CAM)
Redacción/COSA JUZGADA SONORA
HERMOSILLO, Son.- La “Aqualia Desalación Guaymas”, una subsidiaria de la firma española, y quien había recibido la concesión para construir y operar una planta desaladora que abastecería de agua potable a la región de Guaymas y Empalme, ha interpuesto un nuevo recurso para buscar que se haga efectivo un laudo emitido en septiembre del 2025 por el Centro de Arbitraje de México (CAM) que obliga al Gobierno de Sonora a pagarle un reclamo de $87.1 millones de pesos.
Un acuerdo dictado el 29 de octubre de este año por el Juzgado Primero de Distrito informa que la empresa ha solicitado que se declare desierta la prueba de informe pedida por la Comisión Estatal del Agua (CEA), la entidad estatal que los representa en el caso.
“… Agréguese a los autos el escrito firmado electrónicamente por Jesús Eduardo Guillén García, en su carácter de apoderado de la parte actora (Aqualia Desalación Guaymas), con personalidad debidamente acreditada, a través del cual solicita se declare desierta la prueba de informe solicitada por la parte demandada a la Comisión Estatal del Agua (CEA), precisa el documento anunciado dentro del proceso 60/2026 y radicado en el Juzgado Primero de Distrito de Sonora.
La Jueza Primera de Distrito, Yadira Guadalupe Dórame Enríquez, informó que el requerimiento de los abogados de la empresa se da luego de que el propio tribunal ofreció una prórroga de 10 días a la CEA para cumplir con dicho requerimiento acordado el 26 de agosto de este mismo año.
Aqualia Desalación Guaymas reclama el pago de $87 millones 130 mil 141 pesos con 52 centavos derivado de un laudo dictado el 25 de septiembre del 2025 por el CAM, y con dos agregados posteriores de fechas 18 de noviembre del mismo 2025 y uno más el 31 de enero del 2026.
La empresa considera que el Gobierno de Sonora le adeuda ese monto debido al incumplimiento de un contrato que le hubiera permitido construir y operar una planta desaladora en la zona de Guaymas-Empalme.
Junto con ello reclama el pago de intereses legales a razón del 6% anual, además de cubrir por parte del Estado los gastos y costos que se originen con motivo de la tramitación del presente juicio.
De acuerdo con el expediente número 60/2026 la empresa extranjera, vía su subsidiaria mexicana, hizo el reclamo el 1 de junio de este año.
El caso fue admitido como juicio mercantil por el tribunal federal el 4 de junio.
La demanda fue presentada por un grupo de abogados integrado por Jesús Eduardo Guillén García, Raúl Alejandro Martínez Endía, Eugenio José García Rangel y Adrián Alejandro González Silva.
La jueza Yadira Guadalupe Dórame Enríquez solicitó los informes de las autoridades involucradas y el 17 de julio de este año la Comisión Estatal del Agua (CEA), mediante la representación de Francisco Javier Cornejo Figueroa, entregó un documento en su defensa.
Al expediente se le agregó un oficio enviado, el 7 de septiembre de este año, por Cornejo Figueroa en donde solicita que se le pida información a Banobras en su calidad de fiduciario del fideicomiso 2257-Desaladora Guaymas-Empalme.
Ello, dice el documento, con el fin de que informe lo asentado en el oficio 26 de agosto del 2026.
Uno de los últimos acuerdos es la petición que hizo Sylvia Sámano Beristain, en su calidad de representante legal del Centro de Arbitraje de México (CAM), a quien hasta el 21 de septiembre no se le acredite esa calidad, dado que, de acuerdo al tribunal federal, no había acreditado los documentos que lo comprobaran.