El Juzgado Tercero de Distrito negó, luego de cuatro años, la protección de la justicia federal solicitada contra la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por la compraventa de un condominio
Redacción/COSA JUZGADA SONORA
HERMOSILLO, Son.- Banorte recibió un revés legal en un juicio ordinario mercantil iniciado desde 2022 en contra de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
El caso, radicado en el Juzgado Tercero de Distrito bajo el número de expediente 23/2022 el 16 de mayo de 2022, era una demanda entablada en contra de la SRE y la Notaria Pública número 41, Susana Gascón Espinoza, por la celebración de un “Contrato de Promesa de Venta” de un condominio celebrado el 30 de marzo de 2015.
En esa fecha, detalla la demanda, una compañía extranjera prometió vender una propiedad, la cual fue validada por la Notaría Pública número 41.
Por ello, precisa la denuncia, se exige declarar la nulidad absoluta de la actuación notarial consistente en la certificación de la firma del Director General de Asuntos Jurídicos de la SRE, así como del reconocimiento de firmas establecidas en el Contrato de Promesa de Venta celebrado el 30 de marzo de 2015.
La demanda mercantil agrega también que es necesario declarar la inexistencia o, en su caso, la nulidad absoluta del llamado “Convenio Modificatorio”, fechado el 27 de febrero de 2016, relacionado con el mismo caso.
Junto con ello, los abogados de Banorte solicitaron al Juez Tercero de Distrito que, tras declarar la inexistencia o nulidad de los contratos referidos, se debe restituir a la institución bancaria como Fideicomisaria que es en el Fideicomiso que involucra a la propiedad en disputa.
Banorte alegó en su demanda que actuaba en el juicio como “Causahabiente por Fusión” al solicitar la extinción de los dos contratos reclamados en los cuales actuaba como Fideicomitente.
Sin embargo, al analizar el caso, la Jueza Tercera de Distrito, Irma Socorro Gómez Chávez, consideró que Banorte no acreditó su carácter de “Causahabiente de Fusión”, ya que la copia certificada de la escritura que se presentó solo contiene el poder otorgado a favor de los abogados promoventes de la demanda.
“Empero, no se advierte la fusión de (Banorte) a la demandada y que esta sea causahabiente de aquélla, como se refiere y comparece a juicio, lo cual era menester para acreditar a fin de tener por demostrada la legitimación en la causa”, concluyó el tribunal.
Por ello, resolvió, no es posible establecer condena en relación con las pretensiones de Banorte.
Junto con ello, el tribunal agregó que no era procedente, como lo solicitó el banco en su demanda, cobrar gastos y costas del juicio:
“Atento a lo anterior, en virtud de que en el caso no se advirtió la presentación de instrumentos, documentos o testigos falsos, no se trata de un juicio ejecutivo, no es aplicable en primera instancia la fracción IV del precepto citado, ni tampoco se advierte que se haya procedido con temeridad o mala fe, es evidente que el presente asunto no encuadra en alguna de las hipótesis contenidas en el artículo 1084 del Código de Comercio”.
Por ello, precisó, no procede el cobro de costas solicitado por los abogados del banco.
Derivado de todo ello, la Jueza Gómez Chávez consideró que no era procedente conceder el amparo solicitado por Banorte, ya que no acreditó la legitimación en la causa en la sentencia dictada el 30 de septiembre de 2026.